El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este lunes la solicitud de extinción de la acción penal presentada por doce imputados en el proceso por presunta corrupción administrativa que tiene entre sus principales acusados al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
La decisión fue comunicada por la jueza Clara Castillo, quien reconoció que el conocimiento del expediente ha excedido el plazo contemplado en la legislación. Sin embargo, sostuvo que la duración acumulada, superior a cinco años a través de distintas instancias judiciales, resulta razonable por la complejidad del caso y la intensa actividad procesal registrada.
Con este fallo, el tribunal descartó cerrar el proceso respecto de los doce solicitantes. La petición fue conocida después de que una solicitud similar formulada a favor de Rodríguez también fuera denegada, manteniéndose así vigente la persecución penal contra los involucrados.
Tribunal destaca cantidad de incidentes
Durante la motivación de la decisión, Castillo señaló que las juezas del Segundo Tribunal Colegiado han dedicado numerosas horas al conocimiento de la causa. Como parte de esas labores, el órgano judicial ha emitido 20 resoluciones para responder a incidentes promovidos durante las audiencias.
La magistrada planteó que el vencimiento de un plazo no debe evaluarse únicamente mediante un cálculo cronológico, sino tomando en cuenta las circunstancias particulares del expediente. Según explicó, la cantidad de acusados, peticiones y debates planteados ha incidido directamente en el ritmo del proceso.
La jueza manifestó que el tribunal continuará conociendo la causa durante el tiempo requerido para responder a las actuaciones procesales y garantizar el desarrollo del juicio.
Castillo también defendió el trabajo realizado desde que el expediente llegó al Segundo Tribunal Colegiado, hace un año y siete meses. Indicó que durante ese período el caso se ha mantenido activo, aun cuando todavía no se ha iniciado la lectura formal de la acusación presentada por el órgano persecutor.
La observación sobre ese punto refleja la etapa en que se encuentra el proceso: antes de entrar al examen de fondo de los cargos, el tribunal ha debido decidir múltiples cuestiones incidentales formuladas por las partes. Estas discusiones han ocupado una parte considerable del calendario de audiencias.
Proceso continuará en el Distrito Nacional
El expediente atribuye a Rodríguez y a otros procesados presuntas irregularidades vinculadas con la administración pública. El exprocurador ha rechazado las imputaciones formuladas en su contra, mientras el caso continúa bajo conocimiento de la jurisdicción penal del Distrito Nacional.
La decisión no establece responsabilidad penal ni adelanta una conclusión sobre las acusaciones. Su alcance se limita a determinar que, en las condiciones evaluadas por el tribunal, el tiempo transcurrido no constituye una razón suficiente para extinguir la acción penal solicitada por los doce encartados.
En consecuencia, las partes deberán continuar compareciendo a las audiencias y ejerciendo sus respectivos medios de defensa y acusación. El tribunal tendrá pendiente avanzar hacia la lectura de la acusación y las etapas posteriores, una vez sean resueltos los asuntos incidentales que puedan presentarse.
La postura fijada por el Segundo Tribunal Colegiado reafirma que la duración máxima de un proceso debe analizarse en función de su desarrollo concreto. Para la jueza Castillo, la actividad desplegada por el órgano judicial y la carga de decisiones emitidas demuestran que el expediente no ha permanecido paralizado, pese al prolongado tiempo que lleva abierto en el sistema de justicia.
