El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó por segunda ocasión la lectura íntegra de la sentencia condenatoria dictada contra el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), así como de otros altos oficiales militares y policiales procesados por una presunta estafa contra el Estado dominicano valorada en más de 4,500 millones de pesos. Con esta nueva decisión, las partes involucradas deberán esperar para conocer los fundamentos jurídicos completos de la condena.
La secretaría de la sede judicial comunicó de manera formal que la sentencia íntegra y las respectivas motivaciones elaboradas por las tres juezas que integran el tribunal aún no se encuentran concluidas. Ante este escenario procesal, la lectura del dictamen definitivo fue fijada para el próximo 16 de noviembre a partir de las 2:00 de la tarde, lo que representa una segunda prórroga tras la primera suspensión que había sido dispuesta el pasado 14 de agosto.
Implicaciones del retraso en los plazos de apelación
El origen de la dilación procesal se remonta al pasado 15 de junio, fecha en la que el tribunal se limitó a dar a conocer de forma oral únicamente el dispositivo del fallo. En aquella audiencia no se expusieron los argumentos pormenorizados ni la valoración de las pruebas que sirvieron de base a las magistradas para justificar la sanción penal de 20 años de reclusión mayor impuesta a los principales procesados en este litigio penal.
La notificación y entrega del fallo con sus considerandos completos es un requisito indispensable dentro del debido proceso de ley. De acuerdo con las normas procesales dominicanas, es a partir del día siguiente a la entrega del texto íntegro a las partes cuando empezará a correr el cómputo del plazo formal que otorga la ley para que las defensas técnicas de los imputados puedan interponer los correspondientes recursos de apelación contra la decisión judicial de primer grado.
Magnitud de las condenas y sanciones económicas impuestas
La condena de primera instancia recayó directamente sobre figuras clave del mando castrense y de seguridad. Además del mayor general Adán Cáceres Silvestre, el tribunal condenó a la pena de 20 años de privación de libertad al exdirector del Cuerpo de Seguridad Turística, general Juan Carlos Torres Robiou, y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, en un caso judicial que también involucra a otros encartados como el general Julio Camilo de los Santos Viola.
En su decisión de fondo, las magistradas hallaron a los oficiales culpables de la comisión de graves ilícitos que comprenden asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado. Todos estos tipos penales fueron sancionados de manera agravada tras considerarse la investidura de funcionarios públicos que ostentaban los condenados en el ejercicio de sus funciones institucionales en las distintas entidades que dirigían.
El dispositivo condenatorio también contempla contundentes penalidades en el ámbito civil y patrimonial para los sancionados. Los acusados deberán cumplir con el pago individual de multas tasadas en 400 salarios mínimos y, de forma concurrente, el fallo dictaminó que deberán devolver 5,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano por concepto de indemnización por los daños y perjuicios económicos generados por la sustracción de los fondos públicos objeto de la acusación.
