La situación de la seguridad ciudadana en la República Dominicana se ha colocado en el centro del debate público tras una secuencia de incidentes delictivos de alto impacto, el incremento en las muertes provocadas por intervenciones policiales y severos cuestionamientos por parte de la oposición política y la comunidad jurídica. La confluencia de estos factores evidencia una creciente tensión en torno a la efectividad de las estrategias implementadas por el Estado para contener el crimen.
El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó recientemente que los episodios delictivos han desbordado la capacidad de respuesta de la actual administración. El dirigente opositor subrayó que la violencia que azota a la sociedad dominicana presenta características alarmantes sin precedentes históricos, haciendo alusión directa al ataque perpetrado en la vivienda del merenguero Julián Oro Duro en Santo Domingo Este, un hecho violento en el cual la esposa del artista, Zeneida Socorro Castillo, perdió la vida y el intérprete resultó con lesiones.
Alarmante repunte de letalidad policial
De manera paralela a los reclamos por el clima de inseguridad, las estadísticas sobre intervenciones letales de la Policía Nacional han encendido las alarmas de observadores de derechos humanos y analistas sociales. En lo que va del mes de septiembre, la cifra de personas abatidas en supuestos intercambios de disparos con miembros de la uniformada se elevó a 27. Este registro prácticamente duplica las 14 muertes contabilizadas durante el mismo mes del año anterior, según los registros oficiales del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci).
Los sucesos más recientes tuvieron lugar en las provincias de El Seibo y Duarte. En el sector Villa Guerrero, agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) ultimaron a Javier Mercedes Severino, alias «Javielito», de 27 años, a quien las autoridades perseguían por su alegada vinculación con un intento de homicidio. Según la versión ofrecida por la institución del orden, el sospechoso atacó a tiros a los miembros de la patrulla antes de ser herido de muerte y trasladado a un centro hospitalario.
Juristas rechazan el populismo penal
Frente al clamor social por mayor rigor contra la delincuencia y la respuesta armada en las calles, expertos en derecho constitucional e internacional manifestaron su profunda inquietud ante la recurrencia al denominado populismo penal y a la doctrina de mano dura. Durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, especialistas coincidieron en que el aumento de penas carcelarias y la aplicación desmedida de la prisión preventiva no solucionan las causas estructurales del delito ni reducen la criminalidad.
El jurista Francisco Álvarez advirtió que la dispersión y la falta de articulación entre los estamentos judiciales y de seguridad conducen a excesos que socavan las garantías individuales. De acuerdo con el abogado, mientras los cuerpos policiales optan con frecuencia por la neutralización armada en las calles, los tribunales terminan recurriendo de forma casi automática al encierro cautelar para compensar la debilidad del sistema en el seguimiento y localización de imputados.
Los especialistas puntualizaron que el combate a la delincuencia no puede sustentarse en esquemas represivos desconectados del debido proceso. Por el contrario, plantearon que una política integral y sostenible de orden público debe basarse primordialmente en la labor de inteligencia preventiva, la tecnificación de las unidades investigativas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, evitando que la respuesta estatal reproduzca la violencia que procura erradicar.
