La coexistencia de tres mediciones de la deuda pública para 2024 ha reactivado el debate sobre la forma en que República Dominicana presenta sus compromisos financieros y evalúa la capacidad de pago del Estado. Aunque los porcentajes parten de metodologías distintas, especialistas y organismos coinciden en que la definición del perímetro institucional resulta determinante para interpretar correctamente las cuentas.
La Dirección General de Crédito Público situó la deuda en 46.3 % del producto interno bruto al cierre de 2024. Esta es la referencia utilizada habitualmente en la elaboración presupuestaria, el debate político y buena parte de las evaluaciones económicas divulgadas en el país. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional presentó porcentajes diferentes en su consulta del Artículo IV publicada en noviembre de 2025.
En ese documento, el FMI calculó en 47.5 % del PIB la deuda bruta del sector público no financiero y en 58.1 % la correspondiente al sector público consolidado. La distancia entre esos valores no implica necesariamente que alguna institución haya reportado datos falsos, sino que cada indicador incorpora entidades y obligaciones diferentes.
El Banco Central amplía el perímetro
La medición consolidada del Fondo agrega la deuda cuasifiscal del Banco Central, equivalente a 12.3 % del PIB, a las obligaciones del sector público no financiero. Luego descuenta los bonos de recapitalización que la entidad monetaria mantiene como activos, valorados en RD$132,362 millones y equivalentes a cerca de 1.8 puntos porcentuales del producto, para evitar que una misma obligación sea contabilizada dos veces.
Ese procedimiento arroja alrededor de 58 % del PIB. La diferencia de una décima frente al 58.1 % publicado por el organismo internacional responde al redondeo de los componentes utilizados. Del contraste total, aproximadamente 10.6 puntos porcentuales se relacionan con las operaciones del Banco Central, excluidas del cálculo local por el alcance establecido en la Ley 6-06. Otros 1.2 puntos derivan de diferencias metodológicas entre el FMI y Crédito Público al medir el sector público no financiero.
La controversia también alcanza el grado de consolidación del dato nacional. El informe de Crédito Público reconoce que su porcentaje incluye compromisos entre instituciones estatales, como obligaciones del Gobierno frente al Banco Central. Una medición plenamente consolidada debería eliminar esas operaciones internas, pero esa cifra ajustada no aparece publicada en el reporte citado.
Indicadores favorables y riesgos pendientes
La discusión ocurre en un escenario con resultados económicos favorables. Según el Ministerio de Economía, la pobreza monetaria descendió de 25.79 % en 2019 a 17.26 % en 2025. Además, Moody’s elevó en agosto de 2025 la calificación soberana dominicana de Ba3 a Ba2, primera mejora otorgada al país desde 2017. Las reservas internacionales netas y la inversión extranjera también alcanzaron niveles históricos.
Estos avances, no obstante, no eliminan la necesidad de contar con estadísticas comparables y explicaciones accesibles sobre el alcance de cada indicador. La deuda cuasifiscal se originó tras la crisis bancaria de 2003 y continúa incidiendo en el balance financiero de la autoridad monetaria. Solo en 2024, sus resultados operacionales registraron un déficit de RD$59,888 millones.
El punto central del debate es cuál cifra debe utilizarse para analizar la solvencia del Estado. El 46.3 % permite observar un ámbito específico de las obligaciones públicas, mientras el 58.1 % incorpora una visión más amplia al sumar la posición del Banco Central y eliminar partidas cruzadas. Ninguno de los porcentajes debe analizarse sin conocer su definición.
Una mayor divulgación de series consolidadas, junto con conciliaciones periódicas entre los registros nacionales y los utilizados por organismos multilaterales, permitiría mejorar la evaluación ciudadana y legislativa. También reduciría el riesgo de que porcentajes técnicamente válidos sean comparados como si midieran exactamente lo mismo.
