La política de subsidios a los combustibles ofrece una protección temporal a los consumidores dominicanos frente al encarecimiento internacional del petróleo, aunque su continuidad representa un desafío creciente para las finanzas públicas en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
La directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC), Pamela Coke-Hamilton, advirtió que la República Dominicana comparte con otras naciones del Caribe la dificultad de sostener por un período prolongado los recursos destinados a contener los precios internos de los carburantes.
Durante un encuentro con periodistas en la sede de la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, la funcionaria valoró las medidas que permiten amortiguar el impacto inmediato de la crisis sobre hogares y empresas. Sin embargo, señaló que resulta incierto cuánto tiempo podrán mantenerse debido a la magnitud y duración todavía imprevisibles de la coyuntura geopolítica.
Dependencia externa aumenta la vulnerabilidad
El problema adquiere especial relevancia para las economías insulares caribeñas, caracterizadas por depender de las compras externas de petróleo y derivados. Esa condición reduce el margen de respuesta ante fluctuaciones bruscas de las cotizaciones y obliga a los gobiernos a escoger entre trasladar los incrementos al consumidor o asumir una parte del costo mediante subsidios.
Coke-Hamilton informó que las importaciones mundiales de petróleo han disminuido un 51 % como consecuencia del conflicto que afecta el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima constituye un punto estratégico para el transporte global de energía, por lo que cualquier interrupción puede limitar la oferta disponible, elevar las primas de riesgo y presionar los precios.
Para la República Dominicana, que importa los combustibles necesarios para movilizar el transporte, generar parte de su electricidad y sostener numerosas actividades productivas, el escenario implica riesgos que van más allá de las estaciones de servicio. Un aumento persistente puede trasladarse a los costos de distribución, alimentos, manufactura y servicios.
Los subsidios permiten evitar que toda la variación internacional llegue de inmediato a los precios locales. Esa intervención contribuye a moderar la inflación y protege el poder adquisitivo de las familias, especialmente de aquellas que destinan una mayor proporción de sus ingresos al transporte y a productos básicos.
Un equilibrio fiscal cada vez más complejo
La contrapartida es el costo presupuestario. Mientras más alto se mantenga el petróleo y más prolongada sea la inestabilidad, mayores serían los recursos públicos requeridos para conservar sin cambios significativos los precios internos. Esto podría reducir el espacio disponible para otras prioridades estatales o hacer necesaria una revisión gradual del mecanismo.
El reto para las autoridades consiste en equilibrar la protección a consumidores y sectores productivos con la capacidad real del Estado para financiar estas ayudas. La duración del conflicto, el comportamiento de la oferta internacional y la evolución de las rutas comerciales determinarán el tamaño de la presión en las próximas semanas.
La advertencia del ITC coloca el foco en una vulnerabilidad compartida por el Caribe: su limitada capacidad para sustituir rápidamente las importaciones energéticas. Aunque los subsidios funcionan como un amortiguador en la etapa inmediata, no eliminan la exposición del país a una crisis prolongada ni resuelven el problema estructural de la dependencia petrolera.
En este contexto, la estabilidad de los combustibles dependerá tanto de las decisiones fiscales del Gobierno dominicano como del desarrollo de un conflicto externo sobre el cual el país tiene poca incidencia. La ayuda estatal puede ganar tiempo, pero su sostenibilidad estará condicionada por el costo acumulado y por la permanencia de las restricciones en el mercado mundial.
