El Frente Amplio, el Bloque Popular Jesús Adón y la Unión Clasista de Trabajadores (UCT) expresaron su rechazo a la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social que se debate en el Congreso Nacional, bajo el argumento de que conserva problemas esenciales del modelo vigente y no garantiza una protección adecuada para la población trabajadora.
Representantes de las tres organizaciones acudieron a la oficina del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, donde depositaron un documento con observaciones y alternativas para el proceso legislativo. Según informaron, planteamientos similares ya han sido entregados a otros miembros del Senado, incluidos representantes de distintas provincias y de Santo Domingo.
La iniciativa sindical procura que las discusiones congresuales incluyan cambios relacionados con la suficiencia de las pensiones, el acceso efectivo a los servicios médicos y la protección frente a contingencias como la discapacidad, la maternidad, los accidentes laborales, las enfermedades y la pérdida del empleo.
Reclaman un sistema orientado a derechos
Juan Núñez, secretario general de la UCT, solicitó a Fernández evaluar las propuestas presentadas e impulsar una reforma sustentada en criterios de inclusión y justicia social. El dirigente sostuvo que la seguridad social debe operar como una garantía de derechos y no como un mecanismo que deje fuera a personas con empleos precarios o ingresos insuficientes.
Las organizaciones entienden que la revisión de la ley debe colocar en primer plano la protección social de trabajadores, pensionados y familias, por encima de una visión limitada a la administración de servicios.
Núñez también contrastó el crecimiento económico reportado por las autoridades y el empresariado con las dificultades que, a su juicio, persisten para acceder a servicios sanitarios y obtener protección económica durante la vejez. Señaló que los avances de la economía no necesariamente se han traducido en mejores prestaciones para amplios segmentos de la población.
Uno de los cuestionamientos centrales se refiere al enfoque de la reforma. Las entidades consideran que la seguridad social debe concebirse como una política pública integral y no confundirse con la simple provisión o intermediación de servicios. Desde esa perspectiva, demandan garantías para que las pensiones permitan cubrir las necesidades fundamentales de sus beneficiarios.
Objeciones al esquema de capitalización individual
El Frente Amplio, el Bloque Popular Jesús Adón y la UCT pusieron en duda la capacidad del modelo de cuentas individuales para ofrecer jubilaciones suficientes en un mercado laboral caracterizado por la informalidad, los salarios bajos, las interrupciones en las cotizaciones y la inestabilidad de los ingresos.
De acuerdo con su análisis, una parte considerable de la fuerza laboral dominicana no puede mantener aportes continuos durante toda su vida productiva. Esa realidad reduce el ahorro acumulado y, posteriormente, el monto disponible para financiar la pensión. Por esa razón, advirtieron que elevar la edad de retiro o aumentar las contribuciones no resolvería el problema si permanecen intactas las condiciones estructurales del empleo.
Las organizaciones plantean que cualquier cambio en los requisitos de acceso debe considerar la capacidad de pago de los afiliados, la regularidad de sus aportes y el nivel de sus remuneraciones. Insisten en que las modificaciones paramétricas, aplicadas de manera aislada, podrían trasladar una carga adicional a los trabajadores sin asegurar mejores resultados al momento de la jubilación.
Salud y enfermedades de alto costo
En el componente sanitario, los grupos proponen ampliar la cobertura y reducir el gasto que las familias deben asumir directamente al buscar atención. Alertaron sobre los casos en que un diagnóstico complejo o un tratamiento prolongado obliga a los hogares a utilizar sus ahorros, vender bienes o endeudarse para cubrir procedimientos, medicamentos y estudios.
Asimismo, manifestaron oposición a establecer un seguro independiente para enfermedades catastróficas. En su opinión, la atención de esas condiciones debe estar incluida dentro de una cobertura integral, sin crear un mecanismo separado que pueda introducir nuevas barreras administrativas o financieras para los pacientes.
El documento entregado al legislador también aborda la protección ante la enfermedad común, la discapacidad, la maternidad, los riesgos laborales y el desempleo. Las entidades sostienen que estos componentes deben articularse de manera que los ciudadanos no pierdan acceso a prestaciones esenciales cuando disminuyen sus ingresos o quedan temporalmente fuera del mercado de trabajo.
Advierten dificultades para trabajadores independientes
Otro punto de desacuerdo es la incorporación obligatoria de trabajadores por cuenta propia al régimen contributivo sin una evaluación previa de sus condiciones económicas. Los proponentes advierten que una disposición legal que ordene cotizar no crea automáticamente la capacidad financiera para efectuar los pagos de forma regular.
Las organizaciones señalan que los trabajadores independientes constituyen un grupo diverso, integrado tanto por profesionales con ingresos relativamente estables como por vendedores, técnicos, comerciantes pequeños y prestadores de servicios cuyas entradas fluctúan. Por ello, consideran necesario diseñar mecanismos diferenciados que tomen en cuenta la informalidad, la irregularidad de los ingresos y la limitada capacidad contributiva.
A su entender, imponer una obligación uniforme puede provocar atrasos, exclusión o incumplimiento, especialmente entre quienes dependen de actividades de subsistencia. En cambio, reclaman fórmulas que faciliten la inclusión efectiva, con condiciones compatibles con la realidad económica de cada sector y con una participación clara del Estado en el financiamiento de la protección social.
Piden discusión de propuestas alternativas
Las tres entidades solicitaron que el Congreso conozca los planteamientos preparados por la Coalición por una Seguridad Social Digna y que estos formen parte de las deliberaciones sobre la reforma. Su intención es que el proceso no se limite al proyecto actualmente bajo examen, sino que incorpore alternativas provenientes de organizaciones laborales y sociales.
La entrega al senador Fernández forma parte de una agenda de acercamientos con legisladores. Los promotores indicaron que continuarán llevando el documento a representantes de diferentes demarcaciones para procurar respaldo y ampliar el debate antes de que las cámaras legislativas adopten una decisión.
Además de las gestiones institucionales, el Frente Amplio, el Bloque Popular Jesús Adón y la UCT anunciaron que mantendrán las movilizaciones y otras acciones de presión pública. Afirmaron que su objetivo es lograr que cualquier modificación legal priorice pensiones adecuadas, atención sanitaria accesible y protección ante los principales riesgos sociales que enfrentan los trabajadores y sus familias.
