Las muertes ocurridas durante intervenciones de la Policía Nacional aumentaron de manera acelerada en septiembre, mes que acumula 23 fallecidos por hechos en los que participaron agentes de la institución. El registro correspondiente a todo 2026 se elevó a 180 personas, de acuerdo con un recuento sustentado en los reportes divulgados por las autoridades.
La mayor parte de los casos de septiembre se concentró en un período de apenas diez días. Durante ese intervalo fueron reportadas 21 muertes en acontecimientos con presencia policial registrados en diferentes localidades del territorio nacional, una sucesión que vuelve a colocar bajo atención pública la actuación de los cuerpos del orden.
El punto de referencia para contabilizar esa cadena de episodios es el incidente ocurrido el 12 de septiembre en el sector Los Coquitos, en el municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo. En ese hecho perdieron la vida dos personas y otras resultaron heridas, conforme a las informaciones difundidas sobre el caso.
Después del suceso de Boca Chica, la Policía Nacional comunicó nuevas muertes en operativos e intervenciones efectuados en distintos lugares del país. Entre los fallecidos figuran cuatro hombres a quienes la institución vinculó de manera preliminar con el episodio de Los Coquitos.
Veintiún fallecidos en diez días
La cifra de 21 muertes registrada durante los diez días posteriores al 12 de septiembre representa casi la totalidad de los 23 fallecimientos atribuidos a intervenciones policiales en lo que va del mes. Esto significa que solamente dos casos del balance mensual ocurrieron fuera de ese período.
El acumulado anual, situado en 180 fallecidos, supone un promedio aproximado de 20 muertes por mes entre enero y septiembre, aunque la distribución no ha sido uniforme. El comportamiento de septiembre supera hasta ahora ese promedio y mantiene el seguimiento sobre las circunstancias en que se produjeron los encuentros.
Los reportes oficiales suelen describir este tipo de hechos como enfrentamientos ocurridos durante labores de búsqueda, patrullaje o ejecución de órdenes. Sin embargo, cada caso requiere una investigación individual que permita establecer cómo comenzó la intervención, si hubo uso de armas, cuál fue la respuesta de los agentes y si su actuación se ajustó a los protocolos establecidos.
La condición de sospechoso o la vinculación atribuida por las autoridades no sustituye el proceso judicial ni determina responsabilidad penal. Corresponde al Ministerio Público investigar los acontecimientos cuando existen muertes o heridos durante actuaciones policiales, reunir evidencias y establecer eventuales responsabilidades conforme a la legislación dominicana.
Revisión de las circunstancias
El incremento plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas aplicados a las intervenciones. Para esclarecer los episodios resultan relevantes las actas del levantamiento de los cadáveres, los análisis forenses y balísticos, las armas ocupadas, las grabaciones disponibles y los testimonios de agentes, familiares y testigos.
También es necesario diferenciar los lugares, horarios y circunstancias de cada muerte, debido a que el balance agrupa acontecimientos independientes ocurridos en diversos puntos del país. La cifra, por sí sola, no permite determinar si en todos los casos existió un enfrentamiento ni si el empleo de la fuerza fue proporcional.
Hasta el momento, el recuento difundido establece que septiembre suma 23 fallecimientos y que 21 se produjeron dentro de la reciente secuencia de diez días. La cifra anual de 180 convierte el seguimiento de estas actuaciones en un asunto de interés institucional, judicial y ciudadano, a la espera de investigaciones que aclaren cada episodio.
