La República Dominicana necesita elevar la capacidad de respuesta de sus instituciones públicas para sostener su crecimiento económico y avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo, según reflexiones surgidas a partir de una exposición del empresario Luis Molina Achécar ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
El planteamiento parte de que el desempeño alcanzado por el país durante las últimas décadas no fue producto del azar. La expansión económica estuvo acompañada por inversiones, cambios regulatorios y acuerdos entre actores políticos, empresariales y sociales, especialmente en períodos marcados por crisis o tensiones institucionales.
Entre los antecedentes señalados figuran la crisis económica de 1990, el Pacto de Solidaridad Económica y las posteriores reformas tributarias, arancelarias, financieras y cambiarias. También se destaca el Pacto por la Democracia, que abrió paso a modificaciones políticas e institucionales relevantes para la estabilidad nacional.
Sin embargo, la experiencia acumulada no garantiza por sí sola que el país mantenga en las próximas décadas el mismo ritmo de progreso. Al alcanzar niveles más altos de ingreso, las economías enfrentan desafíos diferentes, vinculados con la innovación, la adopción tecnológica, el desarrollo de capacidades y el aumento de la productividad.
El costo de los trámites y las demoras
La discusión incorpora la llamada productividad institucional, entendida como la capacidad del Estado para convertir recursos públicos, normas, conocimientos y trabajo de sus servidores en soluciones concretas y medibles para la ciudadanía. Bajo esta perspectiva, el rendimiento nacional no depende exclusivamente de las empresas y sus trabajadores.
Una oficina pública que mantiene procedimientos redundantes, exige documentos que ya reposan en otra dependencia o demora decisiones genera costos para la economía. Aunque estos gastos no siempre quedan registrados de forma directa, se reflejan en horas perdidas por los ciudadanos, incertidumbre para los inversionistas y oportunidades desaprovechadas para el conjunto de la sociedad.
El problema también se presenta cuando las entidades miden su gestión por la cantidad de actividades realizadas y no por sus efectos. Celebrar reuniones, emitir documentos o ejecutar partidas presupuestarias no necesariamente equivale a mejorar un servicio, resolver una necesidad o reducir el tiempo requerido para completar un trámite.
La modernización institucional implicaría simplificar procesos, compartir información de forma segura entre organismos y emplear tecnologías que faciliten la atención. También requeriría evaluar el desempeño con indicadores relacionados con resultados verificables, en lugar de limitarse al cumplimiento formal de tareas administrativas.
La eficiencia estatal no consiste únicamente en reducir gastos, sino en utilizar mejor los recursos disponibles para ofrecer respuestas oportunas y confiables.
Este enfoque advierte que una disminución presupuestaria no representa automáticamente una mejora. Una institución puede disponer de menos fondos y, al mismo tiempo, prestar servicios de menor calidad. La meta sería identificar qué procedimientos agregan valor, cuáles pueden eliminarse y dónde conviene invertir para obtener mayores beneficios sociales.
Concertación para una nueva etapa
La propuesta coloca la calidad institucional en el centro de la agenda de competitividad. Empresas más productivas pueden encontrar límites si operan frente a autorizaciones lentas, reglas poco claras o dependencias que no coordinan entre sí. Por esa razón, la transformación del sector privado tendría que avanzar junto con la modernización del aparato público.
El proceso demandaría acuerdos entre autoridades, empresariado, trabajadores y organizaciones sociales, siguiendo la experiencia de concertación que acompañó reformas anteriores. No obstante, las respuestas actuales tendrían que adaptarse a retos distintos, entre ellos la digitalización, los cambios tecnológicos y una ciudadanía que exige servicios más rápidos y transparentes.
El debate apunta, en definitiva, a que el próximo avance dominicano no dependerá solamente de aumentar la producción o atraer capital. También estará condicionado por instituciones capaces de aprender, coordinarse, rendir cuentas y responder con eficacia. Convertir esa capacidad en una prioridad nacional sería un paso decisivo para evitar que las estructuras del pasado frenen las oportunidades del futuro.
