SANTO DOMINGO.– El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, consideró este lunes que cada muerte registrada durante una intervención de la Policía Nacional debe ser investigada y valorada según sus circunstancias particulares, en momentos en que crece la preocupación por la cantidad de fallecimientos vinculados a actuaciones de agentes.
Peralta reconoció la posibilidad de que miembros de la institución hayan empleado una fuerza desproporcionada en determinados episodios. Sin embargo, sostuvo que también se producen enfrentamientos en los que los policías deben reaccionar para proteger su propia vida frente a personas armadas o integrantes de estructuras delictivas.
El funcionario explicó que no todos los hechos pueden colocarse bajo una misma interpretación. A su juicio, las autoridades deben establecer en cada expediente cómo comenzó la intervención, cuál fue el nivel de amenaza enfrentado por los agentes y si la respuesta utilizada resultó proporcional a las circunstancias.
Sus declaraciones se producen tras un aumento de las muertes ocurridas en hechos con participación policial. De acuerdo con un levantamiento periodístico citado por la fuente, 21 personas perdieron la vida en un período de apenas diez días. Con esos casos, septiembre suma 23 fallecidos y el acumulado correspondiente a 2026 se sitúa en 180.
Las cifras han reactivado el debate sobre los protocolos de uso de la fuerza, la rendición de cuentas y la necesidad de investigaciones independientes que permitan determinar responsabilidades. También han generado cuestionamientos sobre la manera en que el Estado enfrenta la delincuencia sin vulnerar las garantías fundamentales.
Finjus plantea una dimensión estatal
En relación con el mismo tema, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que algunas acciones atribuidas directamente a la Policía podrían formar parte de un enfoque estatal más amplio frente a las organizaciones criminales y los niveles de violencia.
El jurista planteó que el análisis no debería limitarse a decisiones aisladas de la institución policial. Según su apreciación, detrás de determinadas intervenciones podría existir una orientación general del Estado para responder al escenario de inseguridad, aunque sus resultados deben examinarse desde la legalidad y la protección de los derechos humanos.
Castaños Guzmán sostuvo que la situación nacional tampoco puede entenderse únicamente como un problema de delincuencia común. Indicó que la conflictividad social debe incorporarse al diagnóstico, debido a que distintos factores pueden incidir en el aumento de la violencia y en la frecuencia de los enfrentamientos.
La posición del presidente de Finjus introduce interrogantes sobre el alcance de las directrices oficiales dirigidas a los organismos de seguridad. También coloca sobre la mesa la responsabilidad de las autoridades civiles en la supervisión de las operaciones y en la definición de políticas compatibles con el debido proceso.
En los casos de muertes causadas por agentes, la actuación estatal está obligada a esclarecer los hechos, preservar las evidencias y determinar si hubo una amenaza real e inminente. Ese examen permite diferenciar una respuesta legítima ante una agresión de un uso excesivo o injustificado de la fuerza pública.
Mientras continúa la discusión, el número de fallecidos durante 2026 mantiene la presión sobre la Policía, el Ministerio Público y las instituciones responsables del sistema de seguridad. Las declaraciones de Peralta y Castaños Guzmán coinciden en reconocer la complejidad del fenómeno, pero dejan pendiente el debate sobre los controles, las consecuencias legales y las medidas necesarias para evitar nuevas muertes.
