Paramount Skydance alcanzó un acuerdo con fiscales de varios estados de Estados Unidos para cerrar la demanda antimonopolio que buscaba detener su proyectada adquisición de Warner Bros. Discovery, una transacción valorada en 111,000 millones de dólares. El entendimiento elimina uno de los principales obstáculos legales para combinar dos de los mayores grupos de entretenimiento de Hollywood.
La querella había sido presentada a finales de julio por fiscales generales de una docena de estados, bajo el liderazgo del fiscal de California, Rob Bonta. Las autoridades sostenían que la operación reduciría la competencia en la industria audiovisual y otorgaría a la empresa resultante una posición considerable en la distribución de películas y en la televisión por cable.
Como parte del pacto, Paramount deberá mantener una presencia activa en las salas de cine. La compañía asumirá el compromiso de distribuir 30 películas al año y destinar 1,500 millones de dólares a producciones cinematográficas en Hollywood durante los próximos cinco años. El incumplimiento de estas condiciones podría generar penalidades económicas, según informaciones publicadas por medios estadounidenses.
Preocupaciones por la concentración
La oposición estatal se apoyaba en cálculos según los cuales el conglomerado combinado controlaría alrededor del 27 % del mercado de distribución cinematográfica. En el segmento de grandes estrenos con potencial de taquilla, su participación superaría el 30 %, un nivel que los fiscales consideraban capaz de afectar la competencia, las opciones para productores y la diversidad de contenidos disponibles.
Las inquietudes también alcanzaban al negocio de la televisión tradicional. Si la compra se concreta, Paramount incorporaría a su portafolio numerosas señales de Warner Bros. Discovery. A CBS y Comedy Central se sumarían, entre otras marcas, CNN, TBS, HGTV y Food Network, lo que ampliaría de manera significativa su presencia en los canales básicos de cable.
La operación tendría igualmente un impacto directo sobre el mercado de transmisión por internet. El proyecto contempla la integración de HBO Max y Paramount+, dos plataformas que compiten actualmente por suscriptores en un sector marcado por altos costos de producción, ajustes de precios y esfuerzos empresariales para alcanzar rentabilidad.
El acuerdo entre Paramount y los fiscales no pone fin de manera automática al proceso. Un juez federal deberá revisar sus términos y autorizar la solución negociada antes de que quede superado el litigio. Esa evaluación determinará si los compromisos asumidos son suficientes para responder a los riesgos planteados en la demanda.
Presión empresarial y aval regulatorio
Paramount había intensificado sus gestiones para llevar a los estados a la mesa de negociación. La compañía solicitó que los demandantes depositaran una garantía de 1,900 millones de dólares, al alegar que la demora estaba ocasionándole pérdidas. También planteó la posibilidad de retirar operaciones de California, estado que encabezaba la ofensiva judicial contra la fusión.
El entendimiento llega después de otro avance regulatorio. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó que hasta el 49.5 % del capital de Paramount pueda pertenecer a entidades extranjeras una vez concluida la transacción. La decisión dejó atrás el límite general del 25 % y permitió que inversionistas individuales extranjeros posean hasta un 20 % de las acciones.
Sin embargo, la comisión estableció restricciones sobre los derechos de voto y la capacidad de influencia de esos accionistas. Los inversionistas extranjeros no podrán intervenir en decisiones vinculadas con contenidos, administración corporativa ni información privada de ciudadanos estadounidenses. Con el litigio estatal encaminado hacia su cierre, la aprobación judicial queda como uno de los pasos decisivos para completar una de las mayores operaciones recientes de la industria del entretenimiento.
