El traslado de varios profesionales de la medicina y del sector farmacéutico hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, ha marcado una nueva y determinante etapa en el proceso investigativo que rodea las operaciones del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Los allanamientos y detenciones ejecutados recientemente devolvieron al centro del debate nacional una trama institucional que se gestó durante más de un año en medio de denuncias públicas y movimientos administrativos.
El denominado caso Senasa 2.0 cobró fuerza tras una serie de intervenciones simultáneas que culminaron con el apresamiento de los sospechosos, quienes llegaron bajo estrictas medidas de seguridad a la sede judicial capitalina para quedar a disposición del Ministerio Público. Este despliegue representa la fase judicial más visible de una problemática que comenzó a mostrar signos de deterioro desde mediados de 2025 y que, lejos de cerrarse, ha profundizado sus repercusiones en el sistema de salud dominicano.
Las tensiones en torno a la aseguradora estatal salieron a flote inicialmente en el terreno político, cuando el partido Fuerza del Pueblo advirtió sobre la existencia de una severa crisis financiera y de gobernanza a lo interno de la entidad. Aunque en ese momento el Poder Ejecutivo desestimó los señalamientos al considerar que formaban parte de una campaña de desinformación por parte de sectores opositores, el malestar pronto trascendió el debate partidario y se reflejó en la operatividad de los servicios de salud.
El Colegio Médico Dominicano se sumó a los reclamos al reportar retrasos significativos en los desembolsos correspondientes a los honorarios de los facultativos, señalando de forma puntual las deficiencias de pago por parte de Senasa. Casi de manera simultánea, los afiliados sufrieron el impacto directo de estas fallas con la suspensión del programa de entrega de medicamentos a domicilio. Aunque semanas después la entidad comunicó un restablecimiento paulatino de dicho servicio de entrega, la medida encendió alarmas sobre la liquidez y capacidad operativa de la prestadora de servicios.
La situación motivó una fiscalización exhaustiva por parte de los órganos de control del Estado. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana concluyó una auditoría especial que detalló anomalías en la administración de los recursos del seguro público. A raíz de estos hallazgos, el presidente Luis Abinader dispuso la remisión inmediata de los informes con irregularidades ante la Procuraduría General de la República para que se iniciaran las indagatorias correspondientes de carácter penal.
A nivel administrativo, el Ejecutivo ejecutó cambios de mando en las entidades involucradas. A través del decreto 461-25, se relevó de sus funciones al entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, y se nombró en su lugar a Edward Rafael Guzmán Padilla. Poco después, mediante el decreto 493-25, se dispuso la designación de José Luis López Pérez al frente del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), en un esfuerzo por reorganizar el suministro farmacéutico oficial.
Con la remisión del caso al plano penal y los recientes arrestos de personas vinculadas a la prescripción y despacho de medicamentos, el Ministerio Público se prepara para someter a los imputados ante un juez de la instrucción para la solicitud de medidas de coerción. La ciudadanía se mantiene a la expectativa de que los tribunales esclarezcan el alcance del presunto fraude cometido contra la principal aseguradora estatal del país.
