La jueza suplente del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, declaró inadmisible la acusación presentada contra los hermanos Emir y Ana Linda Fernández De Paola por su presunta participación en una operación inmobiliaria mediante la cual el Estado desembolsó más de RD$4,000 millones.
La decisión fue adoptada al considerar que los imputados ya son procesados en Hato Mayor por los mismos acontecimientos y con intervención de las mismas partes. Conforme al criterio del tribunal, mantener abierta la imputación en el Distrito Nacional implicaría someterlos a una doble persecución penal.
El caso está relacionado con unos terrenos ubicados en Higüey que fueron declarados de utilidad pública y posteriormente pagados por el Estado. Las autoridades investigadoras atribuyen a los hermanos haberse presentado de forma irregular como titulares de los inmuebles para recibir los recursos correspondientes a la operación.
Expediente fue separado por razones de salud
El desembolso se produjo durante la administración de Donald Guerrero al frente del Ministerio de Hacienda. Los hechos también forman parte de una investigación más amplia contra varios exfuncionarios por supuestas irregularidades en el pago de propiedades declaradas de utilidad pública.
Sin embargo, el proceso contra los Fernández De Paola fue separado del expediente principal debido a la condición de salud de Ana Linda. Esa división permitió que la acusación contra ambos fuera examinada de manera independiente ante el tribunal de instrucción del Distrito Nacional.
Al evaluar los planteamientos de las partes, la magistrada Potentini determinó que existía coincidencia suficiente entre este proceso y el que se desarrolla en la jurisdicción de Hato Mayor. Sobre esa base, acogió la objeción relacionada con la duplicidad de la persecución y cerró el paso a la acusación en ese tribunal.
Querellantes anuncian desacuerdo con el criterio
La decisión fue rechazada por José Amado Javier Bidó, abogado de quienes se identifican como los legítimos sucesores del fallecido Alessandro de Paola Sangionvanni. El jurista afirmó que sus representados no participan en el expediente abierto en Hato Mayor, por lo que entiende que no se cumplen todas las condiciones para establecer que se trata de un proceso idéntico.
Javier Bidó sostuvo, además, que las imputaciones examinadas en ambas jurisdicciones no persiguen exactamente las mismas conductas. Según su explicación, en Hato Mayor se investigaría la presunta falsificación de actas, mientras que en el Distrito Nacional se cuestiona el supuesto uso de esos documentos para gestionar el cobro del dinero perteneciente a la sucesión.
El abogado señaló que la acusación tramitada en la capital también atribuye a los hermanos haber asumido una condición jurídica que, a juicio de los querellantes, no les correspondía. A partir de esa alegación, sostiene que la utilización de los documentos y la recepción de los fondos constituyen actuaciones diferenciadas de la eventual elaboración o alteración de las actas.
La controversia queda centrada, por tanto, en determinar si ambos expedientes reproducen una misma imputación o si abordan etapas y conductas penalmente distintas. Mientras el tribunal entendió que existe duplicidad, los querellantes insisten en que los hechos investigados en cada demarcación tienen alcances diferentes.
La inadmisibilidad impide que esta acusación avance en el Cuarto Juzgado de la Instrucción bajo las condiciones en que fue presentada. No obstante, el proceso radicado en Hato Mayor continúa siendo la vía judicial señalada por la magistrada para conocer los hechos atribuidos a Emir y Ana Linda Fernández De Paola.
