BARAHONA. Dos jóvenes residentes en el sector Camboya denunciaron que acudieron este lunes a la Fiscalía de Barahona y posteriormente a la dependencia local de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) con el propósito de entregarse, pero aseguraron que ninguna de las instituciones formalizó su puesta a disposición de las autoridades.
Los jóvenes fueron identificados como Manuel Ezequiel y Yorbi Manuel Pérez Pérez, quienes habrían sido vinculados de manera preliminar con una investigación sobre varios robos y atracos. También se les atribuiría haber realizado disparos desde un vehículo en marcha, señalamientos que ambos rechazan.
De acuerdo con su relato, primero se presentaron en la sede del Ministerio Público acompañados por familiares, abogados y representantes de medios de comunicación. Su intención, explicaron, era someterse al procedimiento correspondiente y responder ante los organismos responsables de la investigación.
Sin embargo, sus parientes y representantes legales sostuvieron que el intento no pudo completarse. Los jóvenes identificaron al procurador adjunto Ulises Guevara y a Wellington Espinal como los funcionarios que, según su versión, no aceptaron recibirlos. Añadieron que tuvieron que abandonar la oficina sin que quedara registrada su entrega.
Segundo intento ante la Policía
Tras lo ocurrido en la Fiscalía, el grupo se trasladó hasta la Subdirección de Investigación Criminal de Barahona para realizar un segundo intento. Allí tampoco se habría concretado el proceso, conforme a la denuncia presentada por los jóvenes y sus acompañantes.
Según afirmaron, en la oficina policial les habrían exigido presentar unas armas de fuego presuntamente sustraídas y relacionadas con el expediente. Manuel Ezequiel y Yorbi Manuel sostienen que no tienen esas armas y que, por esa razón, no pueden entregar objetos que aseguran no haber poseído.
Los señalados insistieron en que están dispuestos a ser investigados y a responder si las autoridades determinan, mediante el debido proceso, que tienen alguna responsabilidad penal. Al mismo tiempo, negaron participación tanto en los asaltos bajo investigación como en el episodio de disparos que se les atribuye.
Los jóvenes manifestaron que desean ponerse a disposición de la justicia, pero afirmaron que no pueden cumplir con la entrega de armas cuya posesión niegan.
Durante su comparecencia también expresaron temor por su integridad física. Aseguraron que agentes policiales habrían realizado allanamientos en viviendas de sus familiares y denunciaron que, durante esas intervenciones, sus allegados recibieron supuestas amenazas. Esa situación, dijeron, fue una de las razones para intentar una entrega pública, con presencia de abogados, parientes y periodistas.
Reclaman garantías para el proceso
Los familiares y la defensa solicitan que cualquier actuación se desarrolle bajo las garantías establecidas por la ley y que se aclare formalmente la situación jurídica de ambos jóvenes. Su presencia en las sedes oficiales buscaba, según explicaron, evitar una detención en circunstancias que pudieran ponerlos en riesgo y facilitar su comparecencia ante el órgano competente.
Hasta el momento recogido en la denuncia no se había informado públicamente de una respuesta institucional de la Fiscalía de Barahona ni de la Policía Nacional sobre las razones por las cuales no habría sido recibida la entrega. Tampoco se habían ofrecido detalles oficiales acerca de las evidencias que sustentarían la investigación o del vínculo específico atribuido a los señalados.
El caso deja pendiente la definición del mecanismo mediante el cual Manuel Ezequiel y Yorbi Manuel Pérez Pérez podrán comparecer formalmente ante las autoridades. Sus representantes reiteraron que ambos mantienen la disposición de presentarse, mientras reclaman que se preserve su seguridad y que las imputaciones sean esclarecidas dentro de un proceso regular.
