SANTO DOMINGO. Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de un fraude superior a RD$41 millones contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), está dispuesto a explorar una salida alterna al proceso junto con sus familiares vinculados a la investigación, según informó su defensa.
El abogado Billy Gerónimo, representante de Ángel Luis y de su hermano Angeury Guzmán Vásquez, manifestó que sus clientes mantienen una actitud de colaboración con el órgano persecutor. El jurista indicó que la familia está abierta a negociar dentro de las opciones previstas por la legislación dominicana, aunque no precisó cuál mecanismo jurídico procuraría ni los términos de una eventual propuesta.
La información fue ofrecida antes del conocimiento de la medida de coerción contra Angeury, detenido el viernes y convocado ante el tribunal para la tarde de este lunes. Gerónimo adelantó que pedirá el aplazamiento de la audiencia, sin que hasta el momento se hayan detallado públicamente las razones que sustentará ante el juzgado.
Ángel Luis, en cambio, se encuentra bajo prisión preventiva en el centro penitenciario Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. Su arresto se produjo en abril, cuando, de acuerdo con las autoridades, intentaba abandonar el territorio nacional. La coerción que cumple es una medida cautelar y no representa una sentencia sobre los hechos atribuidos.
Otros parientes figuran en el expediente
Además de los dos hermanos, la investigación incluye a los padres de Ángel Luis y a su esposa, identificada en la solicitud de medida de coerción como Adonay María Carrasco Heredia. Ninguno de esos tres familiares estaba detenido al momento de conocerse la posición de la defensa.
El Ministerio Público atribuye al grupo participación en operaciones que habrían causado pérdidas por más de RD$41 millones al seguro estatal. Los detalles disponibles corresponden a los planteamientos preliminares de la parte acusadora, que deberá presentar ante los tribunales los elementos con los que busca respaldar la imputación y establecer el grado de intervención de cada persona.
La disposición expresada por la defensa no implica por sí sola que exista un convenio con la Procuraduría. Cualquier solución alterna dependerá de la naturaleza de los cargos, de la etapa procesal y del cumplimiento de las condiciones legales aplicables. Asimismo, deberá ser presentada ante la autoridad judicial competente cuando la normativa requiera su revisión o aprobación.
En el sistema penal dominicano existen fórmulas que pueden evitar o acortar un juicio ordinario, pero su utilización varía según las circunstancias de cada expediente. Estas pueden involucrar compromisos procesales, reparación de daños o aceptación de determinados hechos, entre otros requisitos. Hasta ahora, ni la defensa ni el Ministerio Público han comunicado que hayan alcanzado un acuerdo concreto.
La audiencia contra Angeury permitirá al órgano acusador exponer las razones por las que entiende necesaria la imposición de una medida cautelar. La defensa, por su parte, podrá objetar esos argumentos y solicitar una opción menos gravosa, luego de que sea resuelta su petición de aplazamiento.
Corresponderá al tribunal valorar el peligro de fuga, la posible obstrucción de la investigación y otros criterios establecidos por el Código Procesal Penal. Mientras el caso avanza, todas las personas señaladas conservan la presunción de inocencia hasta que una decisión judicial definitiva determine su responsabilidad.
