El Gobierno dominicano pasó balance a los proyectos incluidos en el plan de acción de la Agenda Digital 2030, con énfasis en la integración de datos de educación y salud, la simplificación de trámites públicos y la ampliación de los centros PuntoGob en distintas localidades del país.
La reunión fue encabezada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, en su condición de presidente del Gabinete de Transformación Digital. También participaron el viceministro de Agenda Digital, José David Montilla, y el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Bartolomé Pujals, quien además ejerce como secretario técnico del organismo.
Durante el encuentro, los funcionarios revisaron el nivel de ejecución de las iniciativas priorizadas y abordaron los pasos pendientes para continuar la modernización de los servicios estatales. La evaluación incluyó proyectos que buscan organizar información ciudadana, reducir cargas burocráticas y acercar las instituciones a comunidades que actualmente deben desplazarse para completar diligencias.
Actualización de la hoja de ruta digital
Uno de los temas examinados fue la jornada destinada a actualizar la Agenda Digital 2030, programada para la última semana de marzo. Ese proceso permitirá revisar metas, prioridades y mecanismos de coordinación, de acuerdo con los cambios tecnológicos y las necesidades identificadas durante la implementación del plan.
La Agenda Digital 2030 funciona como la hoja de ruta nacional para incorporar soluciones tecnológicas a las políticas públicas. Su alcance comprende la prestación de servicios gubernamentales, la productividad, la competitividad y el impulso de capacidades digitales tanto en las instituciones como entre los ciudadanos.
En la reunión también se conocieron los avances en la elaboración de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales. Este instrumento procura establecer criterios comunes sobre el ejercicio de derechos en los entornos digitales, un ámbito que abarca asuntos como acceso, inclusión, seguridad, privacidad y uso responsable de tecnologías.
La revisión de ese documento se produce en momentos en que los gobiernos amplían sus plataformas en línea y concentran una mayor cantidad de datos personales. En ese contexto, la digitalización implica no solo agilizar servicios, sino también establecer reglas y salvaguardas para proteger a las personas que utilizan los sistemas públicos.
Expedientes únicos para educación y salud
Entre las iniciativas evaluadas figura el Expediente Único Educativo, concebido para articular informaciones correspondientes a las diferentes etapas de formación de una persona. El proyecto abarcaría la educación preuniversitaria, la formación técnico-profesional, la educación superior y los programas dirigidos a servidores públicos.
La propuesta busca facilitar la consulta y continuidad de los registros académicos entre los distintos subsistemas educativos. Su alcance potencial incluye a estudiantes, egresados, docentes, servidores públicos y ciudadanos que participen en procesos de capacitación, aunque la información oficial no precisó fechas para su puesta en funcionamiento ni las fases previstas.
Los participantes también analizaron el Expediente Único de Salud. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por aprovechar herramientas digitales para organizar informaciones vinculadas con la atención de los usuarios y mejorar la coordinación dentro del sistema sanitario.
Ambos expedientes suponen retos institucionales relacionados con la interoperabilidad de las plataformas, la calidad de los datos y la protección de información sensible. Asimismo, requieren coordinación entre organismos que históricamente han administrado registros mediante sistemas y procedimientos diferentes.
Burocracia Cero y portal único
Otro punto de la agenda fue el programa Burocracia Cero, orientado a simplificar procesos administrativos y disminuir pasos innecesarios. Los funcionarios examinaron los servicios y trámites que ya han sido incorporados al portal único del Estado, así como las ventanillas especializadas que continúan en desarrollo.
La estrategia persigue que los ciudadanos puedan localizar y gestionar servicios desde un mismo entorno, en lugar de acudir a múltiples oficinas o plataformas. Para alcanzar ese objetivo, las entidades públicas deben armonizar requisitos, intercambiar información y rediseñar procedimientos que fueron concebidos para la atención presencial.
La simplificación también puede incidir en el sector productivo, debido a que empresas y emprendedores dependen de permisos, certificaciones y registros gubernamentales. La reducción de tiempos y duplicidades forma parte de las metas asociadas con la competitividad y la productividad contempladas en la agenda nacional.
Nuevos PuntoGob en el país y Nueva York
El encuentro incluyó una revisión del plan de expansión de PuntoGob, modelo que reúne en una misma sede servicios ofrecidos por varias instituciones públicas. La intención es ampliar la cobertura territorial y brindar alternativas presenciales a las personas que necesitan asistencia o no disponen de condiciones para completar trámites por internet.
Según lo informado, se proyectan nuevas ubicaciones en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago, Punta Cana, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, La Vega y Puerto Plata. También está contemplado un centro en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que operaría las 24 horas.
La expansión incorpora, además, un PuntoGob itinerante para atender a la diáspora dominicana en Nueva York y una unidad móvil. Estas modalidades permitirían trasladar servicios a comunidades específicas y atender a ciudadanos fuera de los centros permanentes, aunque no se detalló el calendario de apertura de las nuevas instalaciones.
La inclusión del aeropuerto responde a la necesidad de facilitar gestiones en un punto de alto tránsito de viajeros, mientras que la iniciativa en Nueva York reconoce la demanda de servicios de una de las principales comunidades dominicanas en el exterior. La unidad móvil, por su parte, podría utilizarse en operativos temporales o zonas con menor acceso institucional.
El Gobierno sostiene que las iniciativas priorizadas permitirán mejorar la calidad de los servicios públicos y contribuir a la transformación digital del sector privado. La Agenda Digital 2030 también plantea utilizar la tecnología para apoyar el desarrollo económico y social del país, así como elevar la capacidad competitiva nacional.
Tras la reunión, las autoridades no ofrecieron cifras de inversión, porcentajes de ejecución ni fechas específicas para completar los expedientes únicos o inaugurar cada PuntoGob. El seguimiento de esos indicadores será determinante para medir si los proyectos se traducen en trámites más rápidos, mayor cobertura y una experiencia más sencilla para los usuarios.
