Santo Domingo.– El Gobierno dominicano pondrá en marcha un protocolo de intervención para responder a las ocupaciones irregulares de terrenos incorporados a proyectos de la Reforma Agraria, una problemática que, según organizaciones campesinas, amenaza la permanencia de productores en parcelas destinadas al cultivo y genera conflictos sobre la propiedad rural.
La iniciativa contempla identificar los asentamientos afectados, revisar la documentación de cada expediente y diseñar acciones legales, técnicas y operativas ajustadas a las circunstancias de cada territorio. Las autoridades señalaron que el proceso deberá respetar las garantías legales tanto de los parceleros como de cualquier otra persona involucrada en las disputas.
La coordinación estará a cargo del ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y el director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo. En los trabajos también participarán representantes de organizaciones campesinas y los equipos jurídicos de las instituciones públicas vinculadas al tema.
El plan fue acordado durante una reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura, donde funcionarios y dirigentes rurales examinaron denuncias procedentes de distintos proyectos parcelarios. El encuentro sirvió para establecer una primera agenda de actuación y definir la necesidad de recopilar información antes de ejecutar intervenciones en el terreno.
Levantamiento abarcará asentamientos de varias provincias
Como punto de partida, las instituciones realizarán un levantamiento en las demarcaciones donde se han reportado ocupaciones, intentos de desalojo o disputas por el control de parcelas. Entre las zonas mencionadas figuran Mogollón, en San Juan de la Maguana; Villa Riva; Montecristi; Monte Plata y Villa Altagracia, además de otros asentamientos que podrían incorporarse conforme avance la investigación.
Ese diagnóstico permitirá elaborar una ruta de intervención y determinar la naturaleza de cada conflicto. Aunque las denuncias presentan elementos comunes, el Gobierno considera que no pueden procesarse bajo una respuesta uniforme, debido a las diferencias en los antecedentes de asignación, el estado de los títulos, la ocupación efectiva y los documentos disponibles.
Peralta explicó que los mecanismos serán articulados dentro del debido proceso, con el objetivo de defender los derechos reconocidos a los productores y conservar el uso agrícola de los terrenos entregados por el Estado. La revisión individual también buscará evitar decisiones generales que desconozcan particularidades jurídicas o territoriales de los asentamientos.
La estrategia prevé la formación de una comisión técnica interinstitucional. Este equipo tendrá la responsabilidad de reunir pruebas, organizar los expedientes, verificar la situación física y legal de las parcelas y recomendar las medidas correspondientes. Sus conclusiones servirán de base para decidir qué acciones deben ser adoptadas en cada caso.
Los representantes jurídicos de las entidades oficiales tendrán una participación central en la depuración documental y en la definición de los procedimientos. Su labor incluirá examinar actos de asignación, certificados, contratos, registros y otros soportes que permitan establecer quiénes poseen derechos sobre las tierras en controversia y cuál ha sido el uso dado a estas.
Regularización y titulación formarán parte de la respuesta
Además de atender las ocupaciones denunciadas, la comisión analizará alternativas para avanzar en la regularización y titulación definitiva de los predios. La falta de títulos concluyentes puede aumentar la vulnerabilidad de los parceleros frente a reclamaciones de terceros, dificultar la defensa de sus derechos y limitar su acceso a crédito y programas de inversión.
La seguridad jurídica sobre la tierra es uno de los componentes centrales del plan. Agricultura sostiene que proteger la posesión legítima de los productores no solo responde a un problema patrimonial, sino que también incide en la continuidad de las cosechas, la estabilidad de las familias rurales y el abastecimiento de alimentos.
Espaillat manifestó que las instituciones mantendrán abiertos los canales de conversación con los productores y sus organizaciones. El funcionario resaltó la participación de los parceleros dentro de la cadena agropecuaria y planteó que las tierras distribuidas mediante la Reforma Agraria deben conservar la finalidad productiva para la cual fueron incorporadas a esos proyectos.
La intervención combinará revisión jurídica, comprobación territorial y coordinación institucional para que las decisiones respondan a las condiciones particulares de cada asentamiento.
En la reunión participaron Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, y Martín Roberto Familia, representante de la Federación Gregorio Luperón, junto con otros dirigentes campesinos. Estas organizaciones presentaron inquietudes sobre situaciones que, aseguran, han provocado presión e incertidumbre entre beneficiarios de parcelas estatales.
Los dirigentes denunciaron la existencia de maniobras dirigidas a desplazar a productores que consideran legítimos ocupantes. De acuerdo con sus planteamientos, personas interesadas en controlar esos terrenos recurrirían a intermediarios, supuestos representantes legales y alegadas influencias en sectores civiles o miembros de organismos armados. Esos señalamientos deberán ser comprobados durante la investigación oficial y no se informaron, por el momento, nombres de presuntos responsables.
El protocolo deberá distinguir entre invasiones recientes, litigios de larga duración, transferencias cuestionadas y posibles incumplimientos de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas las parcelas. Esa clasificación será necesaria para escoger la vía correspondiente, ya sea administrativa, registral, judicial o de mediación entre las partes.
Otro reto será coordinar las competencias de Agricultura, el IAD y las instancias responsables de perseguir o procesar infracciones. La participación del Ministerio de Justicia apunta a ordenar esa respuesta y reducir la dispersión institucional, mientras los técnicos agrarios tendrán que verificar linderos, uso de suelo, ocupación y condición productiva.
Protección de la producción rural
Los proyectos de Reforma Agraria fueron concebidos para facilitar el acceso a la tierra y fomentar actividades capaces de sostener a comunidades campesinas. Por esa razón, las autoridades relacionan la solución de los conflictos con la protección de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país.
Una controversia prolongada puede desincentivar la siembra, paralizar inversiones en infraestructura y provocar pérdidas para familias que dependen directamente de las parcelas. También puede afectar asociaciones locales y cadenas de comercialización cuando los productores no tienen certeza sobre su permanencia o sobre la validez de sus documentos.
El Gobierno no detalló un calendario para concluir el levantamiento ni precisó cuándo comenzarían las primeras intervenciones. Los próximos pasos serán integrar formalmente la comisión, recopilar los expedientes y priorizar los asentamientos que requieran una actuación más urgente.
La efectividad del plan dependerá de que la depuración documental derive en decisiones ejecutables y de que las actuaciones se desarrollen sin vulnerar derechos. Para los productores, el resultado esperado es disponer de mayor certeza sobre sus parcelas; para las instituciones, el desafío consiste en preservar el patrimonio agrario estatal y asegurar que permanezca vinculado a la producción de alimentos y al bienestar de las comunidades rurales.
