La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) respaldó el avance legislativo del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que se debate en el Congreso Nacional, aunque sugirió a los congresistas introducir correcciones puntuales en aspectos sensitivos como el régimen disciplinario interno, los protocolos del uso de la fuerza y las condiciones de retiro por discapacidad y pensiones.
A través de una comunicación formal enviada a los titulares del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, el vicepresidente ejecutivo del organismo cívico, Servio Tulio Castaños Guzmán, detalló las observaciones técnicas elaboradas por la entidad. El pronunciamiento surge también como respuesta y precisión frente a cuestionamientos emitidos por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), aclarando que el análisis de Finjus toma como base el pliego de 342 artículos que fue aprobado en la Cámara Alta a mediados de este año.
Uno de los puntos medulares sostenidos por Finjus radica en la legitimidad jurídica del Estado para modificar el régimen de la carrera policial sin que ello suponga un atropello a derechos adquiridos. La institución argumentó, amparada en precedentes vinculantes fijados por el Tribunal Constitucional, que las expectativas de ascenso, permanencia o jubilación no constituyen derechos consolidados, sino situaciones jurídicas sujetas a las normas vigentes al momento en que los miembros del cuerpo uniformado cumplan con las condiciones requeridas.
Equidad en sanciones y régimen de retiros
En el plano disciplinario, la organización no gubernamental planteó la necesidad de revisar a fondo el destino de los recursos generados por la aplicación de multas económicas a los agentes sancionados. La propuesta sugiere reorientar estos fondos de manera transparente, evitando esquemas discrecionales internos que pudiesen desvirtuar la finalidad correctiva de las medidas o generar incentivos distorsionados en la cadena de mando.
Asimismo, el documento presta especial atención a la protección social de los uniformados lesionados o inhabilitados. Finjus subrayó la urgencia de armonizar las disposiciones sobre bajas médicas y pensiones por discapacidad con los principios del sistema general de seguridad social y la legislación laboral pública, garantizando que el personal policial que sufra afectaciones permanentes en el cumplimiento de su deber no quede en la desprotección previsional ni enfrente trámites burocráticos lesivos.
Fuerza proporcional y debate legislativo
Respecto a la actuación operativa, la fundación reiteró que los capítulos destinados a regular el uso legítimo de la fuerza física y de las armas de fuego deben apegarse rigurosamente a los estándares internacionales de derechos humanos. Según el organismo, una definición nítida y graduada de estos niveles de respuesta no solo brinda mayor seguridad jurídica al agente en la vía pública, sino que preserva las garantías fundamentales de la ciudadanía frente a posibles excesos.
Castaños Guzmán recordó a los legisladores que la transformación de la Policía Nacional constituye una demanda histórica de la sociedad dominicana en procura de mayor eficiencia y apego al orden constitucional. Por ello, instó a las comisiones legislativas a pulir las contradicciones técnicas del articulado antes de su aprobación definitiva, asegurando así una pieza legislativa robusta que prevenga futuros litigios en los tribunales y apuntale una seguridad ciudadana eficaz y democrática.
