PUERTO PRÍNCIPE.— Dieciocho de los principales imputados por el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse fueron entregados a Estados Unidos, donde serán procesados por una corte federal de Florida. El traslado ocurre cinco años después del magnicidio y ante la falta de un juicio en Haití, pese a que más de medio centenar de personas fueron acusadas en ese país.
Entre los enviados a territorio estadounidense se encuentra Joseph Félix Badio, señalado como una figura relevante dentro de la planificación del crimen. Junto con él viajaron 17 ciudadanos colombianos que permanecían recluidos en Puerto Príncipe por su presunta participación en la operación ejecutada durante la madrugada del 7 de julio de 2021.
Los detenidos fueron transportados en una aeronave militar hacia Florida y deberán comparecer ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de ese estado. Esa jurisdicción ya ha conocido otros expedientes relacionados con el caso, debido a que parte de la organización y el financiamiento de la trama habría tenido lugar en suelo floridano.
La Fiscalía estadounidense informó que, con estas nuevas incorporaciones, asciende a 30 el número de personas acusadas en Estados Unidos por distintos niveles de intervención en el asesinato. Las autoridades norteamericanas sostienen que el expediente permanece abierto y que las pesquisas no se limitarán a quienes estuvieron directamente vinculados con el operativo armado.
El fiscal Jason Reding Quiñones indicó que los investigadores continuarán identificando a quienes aportaron recursos, brindaron apoyo logístico o facilitaron la ejecución del plan. Uno de los ejes del proceso estadounidense ha sido el seguimiento del dinero empleado para organizar la incursión en la residencia privada del entonces mandatario haitiano.
Dos respuestas judiciales distintas
El traslado vuelve a exponer las diferencias entre las actuaciones judiciales de Haití y Estados Unidos. Mientras la investigación haitiana acumuló más de 50 acusados sin llegar a la fase de juicio durante cinco años, las cortes estadounidenses han celebrado procesos y dictado condenas contra varios implicados.
En Haití, el expediente avanzó en medio de cambios de jueces, dificultades institucionales y un deterioro general de la seguridad. Las autoridades judiciales enfrentaron, además, las consecuencias de la violencia de las bandas armadas, la inestabilidad política y el debilitamiento de las instituciones públicas, factores que limitaron la capacidad del Estado para concluir una causa de alta complejidad.
La muerte de Moïse profundizó el vacío de poder y aceleró una crisis que todavía afecta al país caribeño. El mandatario fue atacado en su residencia, mientras su esposa, Martine Moïse, resultó herida. Desde entonces, las investigaciones han buscado establecer no solo quiénes ejecutaron el asalto, sino también quiénes ordenaron y financiaron el crimen.
La participación de ciudadanos de distintas nacionalidades y las conexiones internacionales del caso llevaron parte del expediente fuera de Haití. Florida adquirió especial relevancia por las reuniones, contrataciones y movimientos financieros que, según las pesquisas, estuvieron relacionados con la preparación del operativo.
La entrega de los 18 imputados abre una nueva etapa en el proceso y podría aportar información sobre la cadena de mando detrás del magnicidio. También representa un reconocimiento práctico de las limitaciones haitianas para garantizar un juicio en condiciones de seguridad y dentro de plazos razonables.
Las autoridades estadounidenses no han dado por cerrada la investigación. La nueva fase estará centrada en presentar a los trasladados ante la justicia federal, determinar la responsabilidad individual de cada uno y ampliar la búsqueda de personas que pudieron intervenir desde la planificación, el respaldo financiero o la facilitación logística del asesinato.
