SANTO DOMINGO.— Legisladores de la Cámara de Diputados solicitaron explicaciones al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) sobre la calidad de los alimentos distribuidos en las escuelas públicas y los procedimientos utilizados para contratar suplidores, luego de denuncias que despertaron inquietud en torno al Programa de Alimentación Escolar.
El director ejecutivo del INABIE, Rafael Adolfo Pérez de León, compareció ante la Comisión Permanente de Familia de la Cámara Baja y el Frente Parlamentario contra el Hambre. Durante el encuentro presentó las medidas adoptadas por la institución frente a los incidentes señalados y respondió preguntas relacionadas con la adjudicación y ejecución de contratos.
La convocatoria fue promovida por la diputada Nelsa Shoraya Suárez Ariza, quien preside ambos espacios legislativos. La congresista explicó que la intención era obtener información precisa acerca de reportes sobre leche en condiciones inadecuadas, así como despejar dudas surgidas alrededor de algunos proveedores del servicio de almuerzo escolar.
Los congresistas expresaron preocupación por la inocuidad de los productos entregados a los estudiantes y pidieron claridad sobre la selección, vigilancia y eventual sanción de las empresas contratadas.
Pérez de León sostuvo que, durante las primeras tres semanas del período docente, el organismo identificó un único episodio relacionado con leche presuntamente dañada. Según su explicación, el hecho ocurrió en Santiago y provocó la cancelación del contrato de la compañía responsable del suministro.
El funcionario indicó que personal de la entidad regresó posteriormente al plantel involucrado para revisar las condiciones del servicio y confirmar que la distribución se desarrollara con normalidad. También puso en contexto el alcance de las operaciones al señalar que el INABIE entrega cerca de dos millones de porciones de leche cada día en centros educativos del país.
Suspensiones por incumplimientos
Además de la rescisión aplicada por el incidente de Santiago, Pérez de León comunicó que 44 suplidores fueron suspendidos en las primeras tres semanas de docencia debido a faltas frente a los estándares requeridos. La información evidencia la magnitud del reto de supervisar una red que debe producir, transportar y servir alimentos diariamente en múltiples comunidades.
En la reunión no se detallaron individualmente las infracciones atribuidas a cada proveedor suspendido ni la duración de esas medidas. Sin embargo, la cifra concentró parte de la discusión en los controles que deben operar antes y después de las adjudicaciones, especialmente por tratarse de alimentos destinados a niños y adolescentes.
La comparecencia permitió a los diputados examinar tanto la respuesta ante situaciones sanitarias como la capacidad institucional para detectar fallas de manera temprana. El Programa de Alimentación Escolar constituye un apoyo para la permanencia de los alumnos en las aulas y para familias que dependen de esa asistencia, por lo que cualquier irregularidad puede tener efectos educativos, sociales y de salud.
Cuestionamientos sobre suplidores jóvenes
Otro punto analizado fue la contratación de jóvenes mayores de edad procedentes de Azua para ofrecer almuerzos escolares en San Pedro de Macorís. Las dudas planteadas giraron alrededor de su lugar de origen, edad y capacidad para ejecutar el servicio asignado fuera de su provincia.
El titular del INABIE respondió que la procedencia de los adjudicatarios no determina por sí sola el cumplimiento contractual. Precisó que las cocinas empleadas para elaborar los almuerzos están instaladas en San Pedro de Macorís, territorio donde se presta el servicio, y que los contratistas reunieron las condiciones exigidas para operar como proveedores del Estado.
Asimismo, afirmó que ser joven no constituye un impedimento legal cuando la persona es mayor de edad y satisface los requisitos administrativos y técnicos correspondientes. Con esta explicación, el funcionario defendió que la evaluación debe descansar en la documentación, la infraestructura y la capacidad de entrega, y no exclusivamente en la edad o el domicilio de los participantes.
En cuanto al manejo económico de las adjudicaciones, Pérez de León explicó que los suplidores no reciben por anticipado la totalidad del valor asignado. Los desembolsos, indicó, se procesan a medida que se ejecutan las entregas y se presentan las pruebas que respaldan el servicio realizado.
Ese mecanismo, de acuerdo con la exposición ofrecida a los legisladores, vincula el pago a la prestación efectiva. No obstante, la conversación parlamentaria subrayó la necesidad de mantener una fiscalización constante, pues el cumplimiento documental debe ir acompañado de controles sobre higiene, calidad, puntualidad, almacenamiento y transporte.
Costo de los almuerzos y vigilancia nutricional
El director informó, además, que el INABIE paga RD$93 por cada plato de comida escolar. El dato fue presentado en medio de las explicaciones sobre contratación y operación, aunque en el encuentro reseñado no se desglosaron los componentes que integran ese precio ni las diferencias que pudieran existir según modalidad o zona geográfica.
La sesión también incluyó aspectos vinculados con los programas de nutrición y suplementación para estudiantes. Estos servicios forman parte de la misión del instituto y complementan el suministro cotidiano de alimentos, particularmente para escolares que requieren atención nutricional o apoyo adicional.
El intercambio entre diputados y autoridades dejó sobre la mesa la importancia de fortalecer la trazabilidad de cada ración, desde la selección del proveedor hasta su consumo en el plantel. En una operación de gran escala, la identificación oportuna de productos no aptos y la aplicación de consecuencias a las empresas responsables resultan esenciales para reducir riesgos.
También cobra relevancia que la institución publique información suficiente sobre suspensiones y cancelaciones, incluyendo las causas, los plazos y las acciones correctivas. Esa transparencia permitiría conocer si las sanciones responden a problemas sanitarios, retrasos, deficiencias de infraestructura u otras violaciones a las especificaciones contractuales.
Tras la comparecencia, las explicaciones del INABIE situaron el énfasis en las medidas tomadas frente a los casos detectados, mientras los legisladores mantuvieron su demanda de claridad. La supervisión congresual continuará siendo un componente clave para verificar que los correctivos anunciados se traduzcan en alimentos seguros y en procesos de contratación sometidos a criterios objetivos.
