SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que dispone la enseñanza obligatoria de Educación Moral y Cívica en los centros educativos públicos y privados de la República Dominicana, como parte del currículo del nivel preuniversitario.
La propuesta busca que la formación en valores, deberes ciudadanos y convivencia democrática ocupe un espacio formal dentro de los programas académicos. Su alcance comprende a los estudiantes de planteles estatales y colegios privados, por lo que su eventual aplicación tendría carácter nacional.
Con esta decisión, la iniciativa superó una primera etapa en la Cámara Baja, pero todavía no se convierte en ley. El texto deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente, que incluye una nueva lectura en ese órgano y su posterior conocimiento por el Senado. Si recibe la aprobación de ambas cámaras, quedaría pendiente de promulgación u observación por parte del Poder Ejecutivo.
Dos propuestas fueron unificadas
El expediente aprobado surgió de la fusión de dos proyectos que habían sido depositados por separado por los diputados Jorge Manuel Zorrilla González y Liz Adriana Mieses Díaz. Ambos planteamientos fueron remitidos a la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados para su análisis.
Al comprobar que las iniciativas perseguían propósitos similares, la comisión elaboró una propuesta conjunta. Este mecanismo permite integrar en un solo documento legislativo disposiciones coincidentes, reducir duplicidades y presentar al pleno un texto armonizado para su deliberación.
Según el objetivo establecido en el proyecto, Educación Moral y Cívica pasaría a formar parte integral de la enseñanza preuniversitaria. La finalidad declarada es fortalecer la preparación ética, cívica y ciudadana de los alumnos, además de contribuir a una formación que no se limite a los contenidos académicos tradicionales.
La iniciativa coloca bajo una misma obligación a las escuelas administradas por el Estado y a los centros privados. De completar el trámite congresual, su puesta en práctica requeriría adecuaciones curriculares y disposiciones de las autoridades educativas para definir contenidos, niveles de impartición, carga horaria, materiales y mecanismos de evaluación.
Aplicación dependerá de las disposiciones educativas
Aunque la aprobación en primera lectura representa un avance, todavía quedan aspectos operativos por precisar durante el proceso. Entre ellos figuran la forma en que se incorporará la asignatura a la jornada escolar, la preparación de los docentes y la articulación de sus contenidos con otras áreas relacionadas con ciencias sociales, convivencia y ciudadanía.
La aplicación de una materia obligatoria en todo el sistema preuniversitario también supondría coordinar su introducción en distintos grados y modalidades educativas. Esa labor recaería principalmente en el Ministerio de Educación, sujeto al contenido definitivo de la legislación y a los reglamentos que pudieran emitirse después de su promulgación.
La enseñanza de Moral y Cívica estaría orientada, conforme al propósito general del proyecto, a reforzar principios de responsabilidad social, respeto a las normas y participación ciudadana. El texto procura que esos aprendizajes sean abordados de manera estructurada dentro del aula y no únicamente como contenidos transversales o actividades complementarias.
Durante las siguientes fases del debate, los legisladores podrán discutir posibles modificaciones a la redacción aprobada. Cualquier cambio deberá ser conocido conforme a las reglas de ambas cámaras antes de que el proyecto pueda ser remitido al Poder Ejecutivo.
Resoluciones sobre obras y servicios
En la misma jornada, el pleno conoció y aprobó dos conjuntos de resoluciones internas presentadas por legisladores de diferentes bancadas. Las solicitudes están dirigidas a las instituciones responsables de ejecutar obras y ofrecer servicios en distintas demarcaciones del territorio nacional.
Los expedientes corresponden a los grupos octogésimo tercero y octogésimo cuarto, tramitados mediante el procedimiento utilizado por la Cámara de Diputados para agilizar el conocimiento de resoluciones internas que ya cuentan con informes.
Entre las peticiones respaldadas figuran la construcción de mercados municipales, planteles escolares, centros penitenciarios, puentes y carreteras. También se incluyeron requerimientos de equipamiento para escuelas, junto con otras intervenciones reclamadas por representantes de diversas provincias y municipios.
Estas resoluciones expresan solicitudes del órgano legislativo a las autoridades competentes, pero su aprobación no equivale por sí sola a la asignación inmediata de recursos ni al inicio de los trabajos. La ejecución depende de la evaluación de las entidades correspondientes, la disponibilidad presupuestaria y los procesos administrativos aplicables.
Los diputados, además, dispensaron de lectura y de envío a comisión el octogésimo quinto grupo de resoluciones internas. Sin embargo, ese conjunto fue dejado sobre la mesa, por lo que quedó pendiente de una decisión posterior del hemiciclo.
Homenaje y continuidad de la agenda
Durante la sesión, la Cámara Baja guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exdiputado de Hato Mayor Orlando Mazara y de Tony Polanco Uceta. El gesto fue realizado como homenaje a sus memorias antes de concluir los trabajos legislativos.
Al finalizar la jornada, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó al pleno para una nueva sesión a partir de las 11:00 de la mañana del miércoles. La agenda permitirá continuar el conocimiento de iniciativas que permanecen pendientes.
El proyecto sobre Educación Moral y Cívica queda ahora sujeto a los pasos restantes del Congreso Nacional. Hasta que ese recorrido concluya y exista una eventual promulgación, la obligatoriedad planteada no entra en vigencia. La decisión adoptada por los diputados constituye, por el momento, el primer aval formal del pleno a la propuesta unificada.
