La implementación de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana continúa generando amplias discusiones técnicas en la comunidad jurídica, donde convergen el reconocimiento a las garantías procesales establecidas en la normativa y la identificación de significativos obstáculos prácticos. Durante las jornadas de debate especializadas, juristas y operadores del sistema judicial han coincidido en que el país enfrenta una etapa decisiva para consolidar esta herramienta patrimonial sin desvirtuar sus fundamentos constitucionales.
Uno de los ejes centrales discutidos por especialistas nacionales e internacionales radica en la necesidad imperativa de asimilar la autonomía conceptual y procesal de este instituto. A diferencia de los litigios penales convencionales, cuyo propósito es determinar la responsabilidad individual e imponer sanciones privativas de libertad, la extinción de dominio se enfoca exclusivamente en despojar la titularidad de aquellos bienes que carecen de causa lícita o que han sido destinados a actividades contrarias a la ley.
Transformación de la visión judicial
Esta distinción sustantiva exige un cambio profundo de mentalidad en los despachos judiciales, el ministerio público y las barras de defensa. La jueza Rosanna Vásquez Febrillé, integrante del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, advirtió sobre la urgencia de asumir una postura jurídica acorde con la naturaleza real de esta figura procesal y no con los esquemas heredados del derecho represivo común.
Nuestro reto como jueces es reconocer la autonomía de la figura, quitarnos el chip de jueces penales y entender que somos jueces de extinción de dominio.
La magistrada enfatizó que la resistencia o la inercia de aplicar criterios del orden penal ordinario debilita la efectividad del procedimiento. Por ello, la labor jurisdiccional debe reorientarse a examinar la licitud del origen y destino de los patrimonios en disputa, manteniendo una estricta coherencia con las reglas procesales autónomas que rigen esta materia especializada.
Complejidades probatorias y administración patrimonial
Más allá de la interpretación doctrinal, los expertos subrayaron varios puntos neurálgicos que requieren atención inmediata en los tribunales dominicanos. Entre ellos figura la adecuada gestión y valoración de los elementos de prueba, un ámbito donde confluyen altos estándares técnicos para demostrar el vínculo de los activos con conductas ilícitas sin vulnerar el debido proceso.
Asimismo, se identificó como un aspecto de máxima sensibilidad la protección efectiva de los derechos de terceros que hayan adquirido bienes de buena fe, impidiendo que personas ajenas a maniobras ilegales resulten perjudicadas por medidas cautelares o sentencias de decomiso. A este desafío se añade la capacidad logística del Estado para custodiar, mantener el valor productivo y administrar los recursos y propiedades incautados mientras concluyen los litigios definitivos.
Estas reflexiones tuvieron lugar en el marco del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, un espacio propiciado por las altas cortes para evaluar el impacto de los nuevos marcos legislativos en el ordenamiento dominicano y fomentar la debida cualificación técnica de jueces, fiscales y abogados litigantes.
