Las actividades de extracción de yeso en distintas localidades del municipio de Tamayo, perteneciente a la provincia Bahoruco, permanecen completamente detenidas tras desatarse un prolongado desacuerdo entre los residentes locales y las empresas encargadas de la explotación del mineral. La confrontación responde a reclamos comunitarios que denuncian un aprovechamiento desproporcionado de los recursos naturales de la zona sin que esto se traduzca en beneficios tangibles o compensaciones justas para el desarrollo colectivo.
El punto neurálgico de la controversia radica en el evidente desfase entre los términos pactados en los acuerdos originales y las operaciones reales que se ejecutan en los yacimientos. De acuerdo con las precisiones ofrecidas por el alcalde de la demarcación de Barranca, Simón Castillo Pérez, los convenios vigentes contemplaban inicialmente un desembolso mensual de 180,000 pesos dominicanos a cambio del retiro de un volumen máximo de 2,000 toneladas de yeso. No obstante, las evaluaciones y testimonios de la comunidad indican que el ritmo de extracción se multiplicó de manera alarmante hasta alcanzar cerca de 20,000 toneladas al mes, manteniendo inalterable el pago estipulado en el convenio primario.
Reclamos de compensación e inversión social
Esta marcada diferencia de hasta diez veces el volumen acordado ha desatado la indignación de los pobladores de Barranca y sectores aledaños en Tamayo, quienes consideran que los recursos generados por la riqueza minera de sus suelos están beneficiando exclusivamente a los consorcios extractivos. La población local sostiene que la actividad industrial genera un desgaste notable en las vías de comunicación terrestres y altera la cotidianidad de la zona sin aportar al progreso comunitario.
Frente a esta situación, los comunitarios han condicionado la reanudación de los trabajos de extracción a una revisión integral de las condiciones operativas y económicas. Entre las principales demandas presentadas por los moradores se destaca la asignación de presupuestos específicos para la ejecución de obras de infraestructura comunitaria indispensables, las cuales han sido postergadas durante años pese a la constante salida de camiones cargados de material.
El acuerdo contemplaba una retribución fija por dos mil toneladas, pero la realidad en los yacimientos muestra volúmenes que multiplican esa cantidad sin ningún beneficio adicional para el municipio.
Otro de los puntos críticos exigidos por los habitantes es la intervención y modernización de las redes de distribución del servicio eléctrico en la zona. Las fallas recurrentes en el suministro de energía representan un obstáculo persistente para el bienestar doméstico y el desarrollo de pequeñas actividades productivas, razón por la cual los residentes reclaman que las compensaciones económicas derivadas de la minería se dirijan a mitigar estas deficiencias estructurales.
Exigencia de fiscalización y diálogo
El cese forzoso de la extracción en Tamayo evidencia la falta de mecanismos continuos de supervisión y pesaje que garanticen la transparencia en el aprovechamiento de recursos no renovables en el suroeste dominicano. Los líderes comunitarios insisten en que no se oponen categóricamente al aprovechamiento del yeso, sino a la falta de equidad en la distribución de los beneficios y al incumplimiento flagrante de los límites de explotación pactados institucionalmente.
Mientras los equipos y maquinarias permanecen inactivos en las áreas de explotación, las autoridades locales y los representantes sociales de Barranca mantienen su postura de exigir una mesa de concertación con las compañías mineras. El objetivo del diálogo propuesto será redefinir las cuotas de extracción, adecuar los pagos a los volúmenes reales retirados y establecer cronogramas firmes para la entrega de aportes que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas.
