El proceso judicial denominado Senasa 2.0 continuará este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra 26 personas señaladas por un supuesto fraude al Seguro Nacional de Salud. Aunque el país estrenó un Código Penal en agosto de 2026, una parte de la imputación será examinada conforme a la legislación anterior.
La aplicación del antiguo Código Penal responde al período en que habrían ocurrido los hechos investigados. El expediente del Ministerio Público sitúa las operaciones cuestionadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, cuando todavía se encontraba vigente la normativa de 1884. La legislación penal posterior, por regla general, no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de las personas procesadas.
La investigación atribuye al presunto entramado 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos médicos por un valor conjunto de RD$41.1 millones. Según la acusación, esos servicios fueron registrados y cobrados a nombre de afiliados que no los solicitaron, mientras algunas intervenciones facturadas nunca se habrían realizado.
Audiencia aplazada por nueva imputada
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional pospuso la audiencia luego de incorporarse una nueva persona al expediente. La decisión permitió que los abogados defensores dispusieran de tiempo adicional para estudiar las pruebas y conocer los señalamientos formulados contra sus representados.
La nueva imputada fue identificada por las autoridades como Ysabel Heredia Vallejo, médica especializada en gastroenterología, quien quedó bajo arresto después de presentarse ante los organismos correspondientes. Su incorporación elevó a 26 el número de encartados en esta etapa, dentro de los cuales figuran 22 profesionales de la medicina.
El Ministerio Público anunció que también pedirá para Heredia Vallejo 18 meses de prisión preventiva y que el expediente sea declarado de tramitación compleja. Esa misma duración de prisión preventiva figura en la solicitud general presentada por el órgano acusador, contenida en un documento de 525 páginas.
La procuradora especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, explicó que el juez Rigoberto Sena Ferreras acogió el pedido de aplazamiento realizado por la defensa ante la adición de la imputada. En la próxima sesión, el tribunal deberá escuchar los argumentos de las partes antes de decidir cuáles medidas impondrá durante el desarrollo de la investigación.
Supuesto esquema desde el sector salud
La tesis de la acusación sostiene que la red habría operado con participación de médicos, empleados y antiguos colaboradores de Senasa, además de otras personas relacionadas con servicios sanitarios. De acuerdo con el expediente, el mecanismo aprovechaba códigos asignados a prestadores y accesos vinculados a la aseguradora estatal para gestionar autorizaciones y posteriormente tramitar cobros.
Las imputaciones todavía deberán ser debatidas ante los tribunales y no constituyen condenas. En esta fase, el juzgado no decidirá la responsabilidad penal definitiva, sino la necesidad y proporcionalidad de las medidas destinadas a garantizar que los encartados permanezcan vinculados al proceso.
Mientras avanza este capítulo, el Ministerio Público ha informado que trabaja en una tercera fase de la investigación. Hasta el momento no se han divulgado los posibles imputados ni el alcance económico de esa nueva etapa, por lo que sus detalles dependerán de los hallazgos que sean formalmente incorporados a futuros expedientes.
El caso coloca además en primer plano la transición entre los dos códigos penales. Para determinar la norma aplicable, los tribunales deberán tomar en cuenta la fecha atribuida a cada conducta y el principio que impide utilizar retroactivamente disposiciones más perjudiciales, sin excluir el análisis de cualquier regla posterior que pueda resultar favorable al imputado.
