El proceso judicial relativo al presunto fraude detectado en la ARS del Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como caso Senasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A, registró avances significativos con la confesión de diez de los implicados y el depósito de una querella formal interpuesta por una afiliada afectada. En el marco del conocimiento de las medidas de coerción en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Ministerio Público confirmó que casi una decena de los encartados admitió su participación en los hechos que se les imputan.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, validó que diez de las personas procesadas han aceptado las acusaciones formuladas en su contra. Ortiz subrayó que estas declaraciones voluntarias evidencian la solidez de las imputaciones presentadas por el órgano persecutor. Esta confirmación se produjo luego de que el abogado Félix Portes manifestara que diez de sus representados habían admitido los hechos y expresado sentirse avergonzados por lo ocurrido.
Frente a este escenario procesal, la representante del Ministerio Público señaló que la institución solicitará una variación de la medida cautelar para aquellos imputados que colaboren formalmente mediante acuerdos con el ente persecutor. No obstante, para el resto del grupo compuesto por 26 imputados, la petición inicial contempla la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria del expediente bajo la modalidad de tramitación compleja. La audiencia para debatir estas solicitudes fue aplazada por segunda ocasión y pautada para este jueves a las 2:00 de la tarde.
Paralelamente a la persecución penal estatal, se sumó una acción judicial particular promovida por la ciudadana María de los Ángeles Flores Ovando, quien presentó una querella contra médicos y empleados de la aseguradora estatal. La querellante solicita que los demandados sean condenados al pago de una indemnización económica de 20 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios, al sostener que fueron vulnerados directamente sus derechos fundamentales relativos a la identidad, la intimidad y la debida protección de sus datos personales.
En su instancia, Flores Ovando argumenta que los señalados utilizaron indebidamente sus datos y falsificaron su firma para facturar a Senasa estudios y procedimientos clínicos que jamás le fueron realizados durante septiembre de 2025. Dentro de las irregularidades documentadas, se cita que una de las profesionales de la salud reclamó la suma de 11 mil seiscientos pesos por una supuesta resección de un granuloma vulvoperineal, procedimiento médico que la afiliada nunca recibió.
La querella de la afiliada abarca tanto a personal médico como a una persona jurídica vinculados al expediente de la Operación Cobra 2.0-A. Entre los demandados figuran los doctores Griselda Altagracia Basora Ramírez, José Luis Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, junto a la razón social Centro Médico Universal. Asimismo, el reclamo legal incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El tribunal del Distrito Nacional conocerá este jueves la continuación de la solicitud de medidas cautelares, en una jornada donde se ponderarán las admisiones de culpabilidad y las negociaciones en desarrollo frente a los 26 imputados que integran la investigación judicial.
