El proyecto que busca establecer el primer marco general para regular los juegos de azar en la República Dominicana llegará a una nueva etapa legislativa con modificaciones que amplían de manera significativa la duración de varias licencias de operación, una decisión que ha provocado inquietudes sobre el alcance de los beneficios concedidos a los propietarios de bancas y otros negocios del sector.
La iniciativa había sido aprobada inicialmente por el Senado y posteriormente recibió cambios en la Cámara de Diputados. Entre las principales variaciones figura el aumento de dos a cinco años en la vigencia de las licencias otorgadas a las bancas de lotería. El plazo comenzaría a contarse desde la fecha de emisión del permiso correspondiente.
La extensión implica que estos establecimientos podrían operar durante un período más prolongado antes de someterse nuevamente al proceso de renovación. Aunque una licencia de mayor duración puede ofrecer estabilidad jurídica y facilitar la planificación de los negocios, también reduce la frecuencia con la que las autoridades pueden revisar formalmente el cumplimiento de las condiciones exigidas para autorizar la actividad.
Permisos de hasta diez años
Los ajustes introducidos también alcanzan a los casinos. La versión aprobada por el Senado contemplaba permisos operativos por cinco años, pero el texto modificado por los diputados duplicó ese período y lo llevó a diez años, igualmente calculados desde el momento de expedición.
El plazo de una década fue incorporado, además, para las salas de máquinas tragamonedas instaladas en casinos y para los establecimientos dedicados a esta modalidad de juego. Las operaciones de apuestas y juegos de azar por internet recibirían licencias con la misma duración, según las disposiciones incluidas en la propuesta legislativa.
Estas modificaciones colocan en el centro del debate la capacidad de supervisión estatal sobre una industria que incluye operaciones presenciales y digitales. El proyecto contiene medidas valoradas como avances para organizar el mercado, pero legisladores han señalado que todavía quedan desafíos relacionados con la fiscalización, la transparencia y la aplicación efectiva de controles.
La discusión también adquiere relevancia por la presencia en el Congreso de representantes vinculados empresarialmente al negocio de las bancas de lotería. Entre los legisladores identificados públicamente con consorcios del sector figuran Domingo Eusebio de León Mascaró, Eduard Espiritusanto Castillo, Juan Carlos Echavarría Milanés, Carlos José Gil Rodríguez y Alexander Javier Cuevas.
De León Mascaró ha sido relacionado con el Consorcio de Bancas La Solución; Espiritusanto Castillo, con el Consorcio de Bancas Eduard; Echavarría Milanés, con Bancas Joselito; Gil Rodríguez, con el Consorcio de Bancas La Dinámica, y Cuevas, con Bancas de Lotería Alex Sport. Esa circunstancia aumenta la atención pública sobre el trámite y plantea la necesidad de que los posibles conflictos de interés sean gestionados con transparencia.
Una regulación largamente esperada
La República Dominicana carece hasta ahora de una ley general que reúna bajo un mismo marco las distintas modalidades de juegos de azar. La propuesta procura cubrir actividades como las bancas de lotería, los casinos, las máquinas tragamonedas y las plataformas en línea, sectores que han evolucionado bajo normas y mecanismos administrativos dispersos.
El reto para el Congreso será equilibrar la estabilidad que reclaman los operadores con controles periódicos suficientes para proteger el interés público. La duración de las licencias, aunque es uno de los puntos más visibles, forma parte de una discusión más amplia sobre recaudación, supervisión, legalidad de los establecimientos y responsabilidades de las instituciones reguladoras.
Al tratarse de un texto modificado por la Cámara de Diputados luego de su aprobación en el Senado, la iniciativa deberá continuar el procedimiento constitucional correspondiente antes de convertirse en ley. Durante esa fase podrían revisarse los cambios, mantenerse los nuevos plazos o abrirse otra ronda de deliberaciones sobre las condiciones bajo las cuales funcionará esta industria.
