Un conflicto en torno a la administración y control de un inmueble ubicado en el sector de Gazcue, en el Distrito Nacional, ha desencadenado una serie de presuntas agresiones, amenazas armadas e irregularidades que mantienen en constante zozobra a sus ocupantes, quienes reclaman una intervención oportuna por parte de las autoridades judiciales y policiales.
El caso fue expuesto públicamente por los ciudadanos Leslie Contreras y Manuel Fortuna, quienes manifestaron su profunda preocupación por la seguridad y la integridad física de las personas afectadas. Según detallaron, la controversia se concentra en una edificación situada en la calle Santiago número 59, un punto representativo de la capital donde convergen espacios residenciales y comerciales.
Acoso armado y momentos de tensión
De acuerdo con el relato presentado por los denunciantes, uno de los incidentes de mayor gravedad ocurrió en agosto de 2025. En esa ocasión, un grupo de hombres armados con machetes penetró de manera violenta en las instalaciones del recinto y profirió amenazas directas en contra de una mujer que se encontraba en el lugar cuidando a su hijo menor de edad.
Durante el violento episodio, la víctima intentó resguardarse de los agresores y solicitó ayuda inmediata a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, además de procurar comunicación con el administrador de la plaza. No obstante, las intimidaciones continuaron sin un freno inmediato, y los denunciantes señalaron que parte del sistema de cámaras de seguridad fue desmantelado y retirado con el fin de entorpecer la obtención de evidencias audiovisuales.
Disputa patrimonial e inacción judicial
La raíz del diferendo se asocia a una pugna intrafamiliar por el control de la propiedad. El dueño formal del inmueble, identificado como Adriano Valdez, se encuentra cumpliendo reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria, circunstancia que ha sido aprovechada para ejercer presiones y maniobras irregulares sobre quienes habitan y custodian la edificación en Gazcue.
A pesar de que el hecho violento y los hostigamientos posteriores fueron presentados formalmente ante las autoridades judiciales y los organismos de investigación, Contreras y Fortuna aseguran que el expediente lleva más de doce meses sin arrojar medidas concretas ni avances significativos. La falta de un dictamen oportuno o de un resguardo legal efectivo ha prolongado la incertidumbre para la familia afectada.
Exigencia de protección formal
Frente a este escenario de vulnerabilidad, los querellantes hicieron un llamado directo a las instancias correspondientes del Ministerio Público para que asuman la tutela efectiva del caso, eviten que la situación continúe escalando y garanticen una investigación transparente sobre las agresiones cometidas.
Los denunciantes remarcaron que el desamparo institucional incrementa el riesgo de que se presenten nuevos actos de violencia fuera del marco legal, por lo que solicitaron garantías inmediatas de protección para la madre y su pequeño hijo, así como el pronto esclarecimiento de las presuntas anomalías cometidas en torno a la propiedad.
